ANA ¿QUÉ MÁS HACE FALTA?

PIRATERÍA EN INTERNET

JAVIER DE LA CUEVA La propiedad intelectual, a debate

El derecho es una convención social

JAVIER DE LA CUEVA 23/12/2010

Cuando el 12 de abril de 2010 la Oficina de Contabilidad del Gobierno de los Estados Unidos publicó su informe sobre los efectos económicos de la piratería, ningún medio de comunicación nacional se hizo eco de la noticia, a pesar del contenido jugosísimo del informe. Cuando el Ministerio de Cultura señala que actualmente las industrias culturales nacionales suponen el 4,2% del PIB, tampoco los medios de comunicación han reparado que en ese 4,2% están incluidas la radio, la televisión, la prensa y las revistas; esto es, por poner simplemente tres ejemplos de alta Cultura: el fútbol, Tele 5 y la paquetería de los quioscos.

Para proponer alternativas de regulación normativa se ha de trabajar con datos ciertos y si la Oficina de Contabilidad del Gobierno norteamericano afirma que la metodología seguida en los informes de la industria del entretenimiento es falsa y nuestro Ministerio de Cultura nos intenta colar gato por liebre, disponemos entonces de pocas herramientas.

A la inexistencia de datos económicos ciertos se suma un problema de eficacia del Derecho: el canal útil para llevar a cabo infracciones de derechos de propiedad intelectual resulta hallarse protegido por el derecho fundamental del secreto de las comunicaciones. La industria, lógicamente y para obtener una rentabilidad de sus activos, propone el sacrificio de este derecho humano, lo que es inadmisible desde el mundo de los valores.

Este contexto de falsedad de cómputo económico y de imposible eficacia del Derecho no es novedoso. En los años sesenta del siglo pasado los usuarios realizaban copias en sus domicilios mediante las musicassettes. El Derecho es una convención social y la sabia decisión legislativa del siglo pasado fue la de no criminalizar a los ciudadanos por el uso de la tecnología cotidiana a su alcance, imponiendo a quienes se lucraban de las copias (los fabricantes de equipos, aparatos y materiales de reproducción) un precio a pagar, parte en favor de los autores y parte en favor de la industria, convalidándose todas las copias.

No deben ser tiempos de posiciones dictatoriales, sino de reflexión ante cambios profundos. La regulación actual debería seguir los mismos principios del siglo pasado: convalidación de los usos de la tecnología cotidiana, no criminalización de los ciudadanos y pago a cargo de quienes se están lucrando económicamente de una forma directa: los que venden conexión.

JAVIER DE LA CUEVA es abogado especialista en derechos de autor.

SIN PALABRAS…

TIJERETAZO HISTÓRICO

Los funcionarios trabajarán más horas y verán reducidos sus complementos

El Gobierno regional aplica un recorte de emergencia para adelgazar la Administración

22.12.10 - 00:50 - M. BUITRAGO / A. LÓPEZ | CARTAGENA

El Gobierno regional ha ordenado lo más parecido a un 'estado de alarma presupuestaria'. El Ejecutivo de Valcárcel ha acometido una auténtica revolución que afectará en mayor o menor medida a los 55.000 funcionarios y empleados públicos, que trabajarán más horas y verán recortados algunos complementos. El objetivo de este recorte de emergencia es conseguir un ahorro superior a 300 millones de euros para sostener las finanzas públicas mediante una proposición de ley de medidas extraordinarias que ayer se presentó en la Asamblea, como publicó este diario. Se aprobará mañana y que entrará en vigor el 1 de enero. Quince pactos y acuerdos sindicales quedarán sin efecto provisionalmente. Los sindicatos ya se han puesto en pie de guerra.

A la Región le ha caído El Gordo de la Lotería de Navidad, pero a la inversa. Con el margen que le quedaba y apremiado por los datos negativos del déficit del tercer trimestre, el Gobierno de Valcárcel respondió a las medidas de calado que exigió la vicepresidenta Elena Salgado con una ley -anunciada el día antes por 'La Verdad'- que ha provocado un terremoto. La consejera de Hacienda y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Inmaculada García y Juan Carlos Ruiz, subrayan que este drástico ajuste es coyuntural, mientras dure la contingencia presupuestaria, y culpan al Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Entre las medidas más sobresalientes figura un recorte de hasta el 80% del dinero que se destina al funcionamiento de la televisión autonómica 7RM; así como la eliminación de hasta un 70% de los entes y organismos del sector público regional en un plazo de dos años, y la supresión de actos y eventos de la Consejería de Cultura para promocionar la Región.

Funcionarios, en la diana

Las mayores consecuencias se traducen en una profunda reestructuración de la jornada, horario y gastos de personal. El Ejecutivo indicó ayer que el salario base no se altera, sino las horas de trabajo y diversos complementos. La jornada semanal aumentará de 35 a 37,5 horas para el personal con dedicación normal, y de 40 horas para quienes ocupen puestos de trabajo que tengan atribuida especial dedicación. Los maestros y profesores no universitarios dejarán de percibir el complemento de productividad de 175 euros mensuales debido al 'efecto horario', ya que no se les sube la jornada laboral. Se suspende provisionalmente la aportación de la Administración regional al plan de pensiones de los funcionarios, muchos se los cuales cambiarán de tareas, pasando de unas consejerías con poca carga de trabajo a otras más saturadas.

Los 46 artículos de la proposición de ley son una catarata de reformas para aldegazar la Administración en una situación que el PP define de «extraordinaria». Junto a los docentes no universitarios, los funcionarios que más van a notar los efectos de la ley son los adscritos al Servicio Murciano de Salud. Aquí se quiere conseguir un ahorro importante porque se trata de la mayor partida presupuestaria, ya que consume casi 2.000 millones de euros, sobre un presupuesto total de 4.800 millones. Por ejemplo, se reduce en un 10% los complementos de las guardias y los turnos, entre otras medidas. La proposición de ley contiene una nueva tabla pormenorizada de las nuevas retribuciones, que se puede consultar en 'La verdad digital'.

El año que viene no habrá oferta pública de empleo en ningún ámbito de la Comunidad Autónoma, al tiempo que se pretende reducir sustancialmente los 60 millones de euros anuales que cuestan las sustituciones por las bajas del personal laboral. La mayoría de contratos públicos y los gastos de los organismos quedarán fiscalizados, de tal forma que se reduce la cuantía de los contratos menores y las autorizaciones serán más restrictivas.

«Culpa del Gobierno central»

¿Por qué se aplican estas medidas? Las explicaciones las dieron ayer la consejera Inmaculada García y Juan Carlos Ruiz, que culparon directamente al actual sistema de financiación autonómica porque no aporta a la Región el dinero que necesita para cubrir los gastos de sanidad, educación y dependencia. Ambos achacaron al Gobierno de Rodríguez Zapatero que discrimine a la Región y no envíe el dinero necesario, a la vez que pone obstáculos a la operación de endeudamiento para conseguir 500 millones con los que salvar las cuentas de este año.

García ya advirtió que el presupuesto nacía con un déficit de 300 millones. Mientras la actividad económica ha sido boyante y ha entrado dinero en caja, ese déficit se ha cubierto, pero ahora que faltan ingresos no se puede tapar el agujero. «Vamos a sacrificarnos y a pasar un mal trago porque no nos dejan otra salida», dijo Ruiz. PSOE e IU hacen otra lectura.